Desde hace unas semanas, jóvenes y gobierno, jugamos al tira y afloja. La ley “pulpín” es una punta de iceberg económico. Debemos entenderla en el marco de las recetas económicas que buscan reactivar la economía. La principal batalla del gobierno es  desaceleración económica. Nos preguntamos si aumentar gratificaciones (Noviembre), deshacer barreras burocráticas o facilitar mano de obra, ¿Estas medidas funcionarán? 

El discurso oficial justifica la ley como una forma de promoción del empleo y añade la formalización de los informales. El gobierno facilitará los mecanismos de contratación para los empleadores, quienes ahora –teóricamente-contratarán a los jóvenes que no tienen experiencia a costa de no pagarles seguro social, obviando otros beneficios. Entonces quien no tiene experiencia deben esperar unos años sin derechos laborales completos por el simple hecho de carecer de experiencia. Ahora enfatizo que el derecho laboral se origina para combatir la inminente desigualdad entre empleador y empleado. Siguiendo ese precepto del derecho laboral, el gobierno debería buscar una ley para evitar que el empleador discrimine a quienes tienen experiencia de quienes no la tienen, como algunos países europeos. Asegurando una cuota joven (18-24 años) en la empresa. Sin embargo el gobierno peruano, de corte neoliberal, no ha husmeado esa posibilidad.

Se dice que la ley es opcional, ¿para quién? Naturalmente es el empleador, mas no el empleado, en el razonamiento más rudo, si el empleado no acepta esa ley, tocará otra puerta de empresa, donde el elegante terno le responderá en los mismos términos que el anterior empleador. Sin embargo, contra viento y verano el gobierno defiende encarnizadamente esta ley. ¿Por qué? Porque es la grieta del gobierno, el tema del momento también, mientras ocultan el asunto Matín Belaunde. Regresemos al rótulo de grieta, si derogan la ley pulpín cuestionaríamos otras leyes adoptadas, como también sentaría un precedente de control popular, que nuestras autoridades, instituciones buscan escapar. Evidentemente, vemos que peligra el crecimiento económico, objetivo primordial del gobierno, en el 2015 Humala espera grandes inversiones como el proyecto Toromocho,

El 15 de enero, el gobierno enfrenta, una vez más, el furor juvenil, quienes hoy salen a las calles que con la venia de una población que a través de sus aplausos y arengas, muestran también su insatisfacción de una política “crecimentista” sin redistribución equitativa, ni leyes adecuadas a las necesidades. Sería mucho decir que la población es anti-sistema, no obstante los jóvenes sienten que algo puede cambiar, y eso es recatable.

En el otro flanco, el gobierno deslegitima a los jóvenes. Deslegitimar es una práctica, poco decorosa, se tilda de jóvenes desinformados o revoltosos, protestantes viscerales, no lectores, que no serán afectados por la ley, sus argumentos se resumen al clásico "lean la ley", "ustedes no entienden". Valga decir que esta generación tiene el ánimo de que algo puede cambiar, es el control popular que va desde Lima hasta Puno, la juventud descifra la razón de ser de la ley: abaratar la mano de obrar para evitar la desaceleración y rebajar derechos laborales completos a favor del empleador es comprendido,ya que esto no requiere un esfuerzo mayor. El ministro de trabajo y el señor presidente también deberían comprender la ley. Contra su tozudez y porque somos jóvenes informados el 15 nos vemos en las calles.